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domingo, 17 de abril de 2016

¿Hacia dónde va la Argentina de Cambiemos?

¿Hacia dónde va la Argentina de Cambiemos? por Sergio Federico

Hablemos de hechos económicos, de la política económica implementada por el
inédito gobierno de la alianza radical-PRO-etc. Aquí un apunte político: es el primer
gobierno declarado abiertamente de derecha neoliberal (recordemos que el de
Menem estaba disfrazado de peronismo y ganó con falsas promesas de
“revolución productiva”), electo democráticamente por el 51% de los sufragios, por
el controvertido sistema de “ballotage”.
Con la velocidad de un tifón, el gobierno implementó una serie de medidas
económicas que dejaron sin aliento ni capacidad de reacción a una dirigencia
opositora golpeada por la derrota y quasi dormida, a la que parece no conmover ni
la movilización popular de sus propias bases.
Mediante el uso exagerado de D.N.U.s (decretos de necesidad y urgencia) y otras
herramientas, se produjo simultáneamente una fuerte devaluación del peso del
40% y la eliminación de las retenciones a las exportaciones cerealeras (salvo la
soja que fue reducida, pero aún continúa) y a la minería. Nunca antes en la historia
económica argentina se tomaron ambas medidas al mismo tiempo, porque apuntan
a un grave desfinanciamiento del Estado nacional e implican una enorme
transferencia de recursos hacia los grandes pooles concentrados de las industrias
agrícola y minera, al tiempo que se deterioran los salarios por efecto de la inflación
y se redireccionan los recursos destinados a la seguridad social hacia los grandes
capitales.
Sin explicitar nunca un auténtico plan económico, se implementan medidas
aparentemente inconexas para el público desprevenido, pero que ya son
conocidas y de vieja data para los argentinos. El Banco Central, capitaneado por
Federico Sturzenegger, trata de evitar la suba descontrolada del billete verde y
“secar de pesos” el mercado mediante la suba de las tasas de interés y la emisión
de LEBACS (Letras del Banco Central) que abonan un sideral 38% y que
representan un significativo endeudamiento del Estado al corto plazo, mucho
mayor del producido por Cristina-Vanoli con la venta del dólar futuro. Esto hiere de
muerte a las PyMes que necesitan créditos para invertir en insumos y bienes para
la producción, y al mismo tiempo alientan a los capitalistas a jugar a la ya conocida
“timba o bicicleta financiera”, totalmente improductiva y nefasta para la economía
de cualquier país del mundo.
Contrariamente a los desvelos que confiesa públicamente el presidente en sus
breves y vacilantes discursos, esto es la inflación y la creación de empleo, sus
medidas apuntan a destartalar el mercado interno, a “enfriar” la economía según la
receta liberal más ortodoxa. Junto con el “sinceramiento” sin anestesia de los
servicios públicos, subvencionados indiscriminadamente por el gobierno del FPV
(Frente para la Victoria), la suba de precios observada en toda cadena posible de
productos, aumento de combustibles, sumado al despido masivo de empleados
públicos y privados y el intento de embretar las paritarias en no más de un 20/25%
con la complicidad de la eterna burocracia sindical, dan como resultado un notable deterioro del poder adquisitivo de los salarios de aquellos que aún conservan su
puesto de trabajo. Mientras tanto, el CEO de Trabajo, Jorge Triaca (hijo), asume
como algo natural la “modernización” del Estado, reduciendo el personal de su
propio ministerio, simbolizando así la pasividad que asumirá su cartera frente a los
despidos indiscriminados tanto públicos como privados, que sumados ya superan
los 120 mil en todo el país y todo indica que esta política continuará.
No hay que ser licenciado en Economía, ni Contador Público para observar las
implicancias de lo antedicho, basta con ir al supermercado o a la carnicería. A
medida que el enflaquecimiento de los bolsillos contrae el consumo, los
comerciantes padecen la irremediable caída de las ventas, a lo que se suman
siderales facturas de servicios públicos que redundan, en muchos casos, en cierre
de locales y despido de empleados; hasta el mismo comerciante será un nuevo
desocupado o con suerte un asalariado más. Va de suyo que los productores, a su
vez, mermarán sus ventas, reducirán la producción y sumarán más mano de obra
al ejército de desocupados, condición “sine qua non” para el funcionamiento del
sistema capitalista. Aunque por el momento continúa la escalada inflacionaria y
remarcatoria, impulsada por las grandes cadenas supermercadistas, dicha caída
de consumo generará lógicamente, a mediano plazo, la baja de precios con grave
peligro de deflación.
Ni hablar de la muy posible apertura de las importaciones, que de producirse de
manera indiscriminada (estilo 90's), sería el certificado de defunción de la siempre
incipiente y escasa industria argentina, que a los tumbos y siempre a la sombra de
la actividad agropecuaria, nunca logró recuperar los niveles de los años 60/70,
previos a la crisis petrolera de 1973. Entonces habrá muchas persianas bajas y
ollas populares, pero podremos degustar galletitas importadas de Dinamarca o
comprarnos paraguas taiwaneses.
Otra alternativa hubiese sido el control estatal de la cadena de valor de la
producción, estableciendo una ganancia razonable para los empresarios, evitando
la recurrente manía de remarcar una y otra vez “por las dudas”. Pero esto hubiese
significado traicionar el criterio liberal del equilibrio del mercado mediante el
intervencionismo y se optó por la antigua variante de reducir salarios por la via ya
mencionada de la devaluación. Fácil y rápido, pero con un costo elevado y muy
riesgoso porque conduce directamente a exacerbar la conflictividad social y a
profundizar las contradicciones de clase que supuestamente se deberían morigerar
por medio de la acción de un Estado árbitro. Sin embargo, ahora se apuesta a que
el mercado regule todo mágicamente, equilibrando las variables como lo soñaban
Adam Smith y David Ricardo.
Sorprende la candidez de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, que
esperan que se produzcan inversiones de capitales extranjeros seducidos por la
confianza generada por una Argentina respetuosa de las reglas fondomonetaristas
del Primer Mundo y pagadora de deudas usurarias e ilegítimas que la “inserten” en
el mercado de capitales. En caso que se produzca la esperada lluvia de dólares,
cabe preguntarse qué forma adoptarían dichas inversiones, ¿serían para producir y
generar empleo y riqueza genuina? Si fuese así, ¿bajo qué condiciones? ¿O serán inversiones especulativas golondrina que acentuarán el endeudamiento público y
la fuga de capitales que como se sabe, corren paralelos y los termina pagando el
conjunto de la sociedad? Tampoco hay que perder de vista la crisis mundial en la
que estamos inmersos, que redujo el precio de los “commodities” (producciones
primarias tales como las agropecuarias, las petroleras, etc.), a valores
históricamente ínfimos y a la sed de liquidez de Estados Unidos, con su déficit
fiscal crónico y elefantiásico, que sube la tasa de interés medio punto y recepciona
dólares a paladas de todo el planeta.
También es “naif” (igual que el gobierno anterior), al apelar a la responsabilidad
empresaria de una supuesta burguesía nacional comprometida con los colores
patrios que defienda los intereses nacionales en tándem con los criterios de bien
común. ¿Hace falta aclarar que los grandes capitales NO tienen patria y que su
única motivación es la maximización de la ganancia a como dé lugar? ¿Cómo se
puede pretender que vengan inversiones externas cuando no pueden lograr que
inviertan los capitalistas locales? Para muestra baste decir que los grandes pooles
sojeros no liquidaron las exportaciones que le prometieron a Macri-Pratt Gay, aún
con devaluación y excención de retenciones mediante, porque les parece que el
dólar sigue barato y si por ellos fuera, el verde debería estar a 20 ó 30 pesos para
juntarla con pala.
Conciente de los monstruos que está produciendo, el gobierno no se atreve a
tocar, por el momento, ciertos derechos sociales adquiridos durante la pasada
década y que los sectores vulnerables ya asumen como propios y que forman
parte de su endeble previsibilidad económica, llámese AUH (Asignación universal
por hijo), subsidio por estudio, etc. A lo que suma medidas de dudosa efectividad
tales como la devolución del IVA a jubilados, o la extensión de la AUH a los
monotributistas, paliativos que dejan afuera a los trabajadores víctimas del trabajo
en negro. Dicho sea de paso, la precarización laboral SÍ es una herencia recibida,
que el gobierno anterior no logró revertir de manera significativa.
Desfinanciación del Estado, inflación sostenida, caída del mercado interno, fuga
de capitales, tasas de interés usurarias, baja de la producción industrial, crisis
global, bajos precios internacionales de commodities, endeudamiento externo,
creciente desocupación sin perspectivas de creación de empleo genuino,
conflictividad social. Ante este panorama es lícito pensar que el camino de la
recesión está allanado y sin obstáculo alguno nos conducirá a una nueva y honda
crisis económico-social, a menos que la alianza gobernante recupere cierta
razonabilidad capitalista, morigerando la ley de la selva. Aunque sea como
mecanismo de defensa del propio gobierno que, al paso que va, pronto se verá
jaqueado por los excluídos de este modelo.

Sergio Federico
Lomas de Zamora, abril 17 de 2016.

martes, 5 de junio de 2012

De Estocolmo a Río+20. Debates en un tiempo de cambios


El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente en conmemoración de  la Conferencia  de Estocolmo de 1972, el primero de una serie de fallidos intentos a nivel global de abordar la situación ambiental del planeta y desarrollar una estrategia común. Al igual que los que le siguieron (Nairobi 1982, Río 1992), el encuentro organizado por  la ONU  fue escenario de la confrontación entre países ricos y pobres, dejando al descubierto que si bien  la Tierra  es “una sola” (tal el nombre del informe final de la conferencia), la distribución de los problemas ambientales es asimétrica. La agenda de la inminente cumbre Río+20 reflejará una vez más esas diferencias. Esta vez, el núcleo de países ricos (y en crisis) del Norte intentará imponer la “Economía verde”, que no propone otra cosa que asignar valor económico a cada aspecto de la naturaleza y tratarlos como mercancías. En oposición, el G77 + China defenderá la idea de desarrollo sostenible,de la mano de la necesidad de un nuevo orden económico internacional.
 
La historia de los pueblos ha sido siempre, al menos en parte, la historia de su vínculo con la naturaleza. La conquista y su saqueo, luego el capitalismo, con depredadores propios y ajenos, marcaron la historia de nuestros pueblos latinoamericanos e impusieron un modo de situarnos respecto de la naturaleza. A contramano de esa visión, elegimos pensarnos como parte de esa “Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida”, a la que reconocemos el derecho “a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”, tal como nos enseña la constitución de Ecuador, primera en el mundo en proclamar los derechos de la naturaleza.
 
En este tiempo de transformaciones para nuestro continente y nuestro país, creemos que también es hora de refundar nuestra relación con la naturaleza. Las decisiones sobre el ambiente y la explotación de los recursos naturales no pueden tomarse en las oficinas de grandes corporaciones en función de sus intereses comerciales. Deben surgir de un debate profundo y democrático, bajo las premisas de la sustentabilidad, la igualdad, la soberanía y el respeto por la naturaleza de la cual formamos parte. Se trata de disponer de nuestros recursos estratégicos en forma sustentable, para lograr una sociedad más justa y una vida en un entorno saludable para todas y todos, tanto para quienes habitamos hoy este suelo como para quienes lo harán en el futuro.
 
Creemos que en muchos aspectos perdura un modelo extractivo, herencia de décadas pasadas que practica el saqueo con disfraz de desarrollo. Esta denuncia no implica renunciar al derecho soberano a realizar un uso cuidadoso de las riquezas no renovables de nuestro subsuelo. Queremos discutir, libremente, qué minería es deseable, posible y necesaria. También el modelo agrícola predominante responde a esa lógica extractivista. Frente al monocultivo que avanza destruyendo nuestros suelos, que arrasa con montes y selvas, que desplaza a la gente de su tierra o la envenena por aire y por agua con agroquímicos, que nos hace vulnerables ambiental y económicamente, reivindicamos la diversidad de alimentos y saberes creada en siglos de agricultura por los pueblos de nuestro continente, y las banderas de la soberanía alimentaria y de una agricultura con agricultores.
 
Celebramos la recuperación del control de YPF como un paso clave en el camino a alcanzar la soberanía energética, pero sin perder de vista la necesidad de desarrollar fuentes alternativas y renovables de energía. Los enormes pasivos ambientales dejados por Repsol no son sólo argumentos económicos a la hora de negociar el precio a pagar por la expropiación. Son un llamado de atención sobre una actividad que implica grandes riesgos ambientales para las regiones donde se desarrolla. Especialmente si hablamos de petróleo y gas no convencionales, cuando aún no está claro qué tecnologías de extracción se usarán y cuáles son sus consecuencias. Una YPF de todas y todos no puede ser una YPF que contamina, desoye a las poblaciones locales o se desentiende de la recomposición de los daños causados.
 
La definición de nuestro vínculo con el ambiente y los recursos naturales es otro modo de debatir qué país queremos construir. Y ese debate debe ser un proceso colectivo y democrático, al igual que tantas otras discusiones necesarias que se han abierto en los últimos años.
 
Corriente Política y Social LA COLECTIVA