El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente en conmemoración de la Conferencia de Estocolmo de 1972, el primero de una serie de fallidos intentos a nivel global de abordar la situación ambiental del planeta y desarrollar una estrategia común. Al igual que los que le siguieron (Nairobi 1982, Río 1992), el encuentro organizado por la ONU fue escenario de la confrontación entre países ricos y pobres, dejando al descubierto que si bien la Tierra es “una sola” (tal el nombre del informe final de la conferencia), la distribución de los problemas ambientales es asimétrica. La agenda de la inminente cumbre Río+20 reflejará una vez más esas diferencias. Esta vez, el núcleo de países ricos (y en crisis) del Norte intentará imponer la “Economía verde”, que no propone otra cosa que asignar valor económico a cada aspecto de la naturaleza y tratarlos como mercancías. En oposición, el G77 + China defenderá la idea de desarrollo sostenible,de la mano de la necesidad de un nuevo orden económico internacional.
La historia de los pueblos ha sido siempre, al menos en parte, la historia de su vínculo con la naturaleza. La conquista y su saqueo, luego el capitalismo, con depredadores propios y ajenos, marcaron la historia de nuestros pueblos latinoamericanos e impusieron un modo de situarnos respecto de la naturaleza. A contramano de esa visión, elegimos pensarnos como parte de esa “Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida”, a la que reconocemos el derecho “a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”, tal como nos enseña la constitución de Ecuador, primera en el mundo en proclamar los derechos de la naturaleza.
En este tiempo de transformaciones para nuestro continente y nuestro país, creemos que también es hora de refundar nuestra relación con la naturaleza. Las decisiones sobre el ambiente y la explotación de los recursos naturales no pueden tomarse en las oficinas de grandes corporaciones en función de sus intereses comerciales. Deben surgir de un debate profundo y democrático, bajo las premisas de la sustentabilidad, la igualdad, la soberanía y el respeto por la naturaleza de la cual formamos parte. Se trata de disponer de nuestros recursos estratégicos en forma sustentable, para lograr una sociedad más justa y una vida en un entorno saludable para todas y todos, tanto para quienes habitamos hoy este suelo como para quienes lo harán en el futuro.
Creemos que en muchos aspectos perdura un modelo extractivo, herencia de décadas pasadas que practica el saqueo con disfraz de desarrollo. Esta denuncia no implica renunciar al derecho soberano a realizar un uso cuidadoso de las riquezas no renovables de nuestro subsuelo. Queremos discutir, libremente, qué minería es deseable, posible y necesaria. También el modelo agrícola predominante responde a esa lógica extractivista. Frente al monocultivo que avanza destruyendo nuestros suelos, que arrasa con montes y selvas, que desplaza a la gente de su tierra o la envenena por aire y por agua con agroquímicos, que nos hace vulnerables ambiental y económicamente, reivindicamos la diversidad de alimentos y saberes creada en siglos de agricultura por los pueblos de nuestro continente, y las banderas de la soberanía alimentaria y de una agricultura con agricultores.
Celebramos la recuperación del control de YPF como un paso clave en el camino a alcanzar la soberanía energética, pero sin perder de vista la necesidad de desarrollar fuentes alternativas y renovables de energía. Los enormes pasivos ambientales dejados por Repsol no son sólo argumentos económicos a la hora de negociar el precio a pagar por la expropiación. Son un llamado de atención sobre una actividad que implica grandes riesgos ambientales para las regiones donde se desarrolla. Especialmente si hablamos de petróleo y gas no convencionales, cuando aún no está claro qué tecnologías de extracción se usarán y cuáles son sus consecuencias. Una YPF de todas y todos no puede ser una YPF que contamina, desoye a las poblaciones locales o se desentiende de la recomposición de los daños causados.
La definición de nuestro vínculo con el ambiente y los recursos naturales es otro modo de debatir qué país queremos construir. Y ese debate debe ser un proceso colectivo y democrático, al igual que tantas otras discusiones necesarias que se han abierto en los últimos años.
Corriente Política y Social LA COLECTIVA
